lunes, 23 de julio de 2007
Mutilados en el olvido
Estimad@s Amigos y amigas
Compartimos con ustedes la síntesis del Video Mutilados en el olvido. Video que refleja casos de hermanos indígenas mutilados del norte de Chile por minas antipersonales. Las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickanant ay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades indígenas representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
Las declaraciones del Ministro del interior del Estado de Chile Belisario Velasco con motivo a una manifestación publica efectuadas por ciudadanos Peruanos en Tacna alrededor de la línea de concordia, con fecha 03 de abril del 2007, dio cuenta de la amenaza de las minas antipersonal “advertimos del peligro que representan las bombas antipersonal, que se encuentran en la frontera, con el invierno altiplanico se ha podido comprobar que hay minas que se desplazan y que están en otros lugares en que todavía no se han efectuado el retiro de estas, entonces, es altamente riesgoso que alguien cruce por este sector del territorio” (diario La Tercera , El Mercurio, La Segunda 03, de abril 2007) Estas declaraciones representa un progreso muy significativo para las organizaciones de los Pueblos indígenas abocados en la promoción y protección de los derechos humanos, considerando que por primera vez una autoridad del mas alto nivel del Estado de Chile reconoce que parte importante del territorio nacional que determinan las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia están minados y los artefactos explosivos se encuentran diseminados en el ancestral territorio de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickantay .
Hortencia Hidalgo
Consejo Autònomo Aymara
jueves, 19 de julio de 2007
Aymaras preocupados por lenta erradicación de minas antipersonales
Fuente: www.chasqui.cl (Arica, 15 de junio de 2007) Las lluvias estivales no sólo pueden generar inundaciones y anegamiento en el altiplano. En muchas ocasiones arrastran las minas antipersonales ubicadas en la frontera con Bolivia hacia sectores de pastoreo. Esta es la principal preocupación de las comunidades aymaras de la provincia de Parinacota, quienes realizaron un seminario en nuestra ciudad para acelerar su erradicación.
Hortensia Hidalgo, dirigente del Consejo Autónomo Aymara, aseguró que muchas personas han sufrido serios accidentes en el altiplano por esta causa. “Muchos aymaras han sido mutilados por las explosiones. Las lluvias de verano arrastran las minas hacia los sectores donde nuestras familias van a pasear, buscan leña y pastorean sus animales. Esto prohíbe los desplazamientos e infunde temor en las comunidades porque no sabemos dónde nos podemos encontrar con una mina”, afirmó.
Hidalgo indicó que es necesario dar a conocer esta situación y acelerar los procesos de erradicación: “Hay un programa para desactivar estas minas por parte del Gobierno. Está la declaración de Ottawa. Sin embargo, el proceso es demasiado lento, porque los plazos están definidos hasta el 2011. El problema es que durante todo este tiempo continúan los accidentes. No podemos esperar tanto. Dicen que es muy caro erradicar las minas, que no saben dónde están, que es más fácil colocarlas que desactivarlas. Pero es cosa de ver los animales muertos para conocer su ubicación. Me parece que aquí hay otros factores, como la ubicación fronteriza y estratégica del territorio, que están influyendo en esta letanía”.
El seminario contó con la presencia del diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), quien señaló que este problema es parte del cinismo de la diplomacia mundial. “Este es un episodio lamentable, que habla muy mal de las grandes potencias. Estamos en presencia del gran cinismo de la diplomacia mundial. Se realiza una convención como la de Ottawa, pero muchos no firman sus resoluciones. Y estamos hablando de cosas tan básicas como no utilizar minas antipersonales. La convención es de 1997, por lo tanto, han pasado más de diez años. No podemos decir que esto se acaba de establecer. Esta es una situación muy grave. Si bien las autoridades políticas están al tanto de la situación, es necesario abrir un debate a nivel nacional y acelerar los procesos”, indicó.
Enríquez aseguró que es fundamental establecer lazos de confianza con los países vecinos: “Este es un atentado contra la paz regional. Hay que ser muy locos para negar los lazos que tenemos con Bolivia. Tenemos identidades similares, pueblos en común. Me parece que la diplomacia chilena ha sido muy lenta en generar lazos de confianza con los países de la región”.
El diputado socialista señaló que el problema global no se termina simplemente con la erradicación de las minas antipersonales: “Esto afecta, principalmente, a las comunidades aymaras. Un ejemplo más del desprecio y desconocimiento por parte del Estado sobre nuestra conformación sociocultural. Somos un país multiétnico, situación que se contradice con el relato jurídico de Chile. Necesitamos simetría en el debate, que los pueblos puedan conversar en igualdad constitucional”.
HUILCAMÁN
Por su parte, Aucán Huilcamán Paillama, dirigente del Consejo de Toda las Tierras, quien también estuvo presente en el seminario, señaló que es insuficiente el trabajo que ha hecho el Gobierno para erradicar las minas: “Son diez años en que se ha trabajado en forma muy lenta. Estas minas representan una amenaza para la convivencia pacífica en la región y los pueblos originarios. El Gobierno tiene que acelerar los procesos y conversar con los heridos y la gente afectada. Por otra parte, estamos a meses de suscribir la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que considera la autodeterminación y su relación con el territorio. Yo me pregunto cómo podemos fortalecer la unión del pueblo aymara si nos encontramos con minas antipersonales que producen división”.
Finalmente, Huilcamán agregó que es necesario profundizar el debate más allá de la erradicación de las minas. “Es importante pensar qué va a ocurrir luego de la erradicación de las minas. Qué sucederá con los territorios que antes fueron campos minados. Quién será su dueño, cómo se incorporan al desarrollo regional. Me parece que los pueblos originarios de la región tienen derechos milenarios y deben profundizar el debate de esta situación”, concluyó
viernes, 6 de julio de 2007
INDÍGENAS EXIGEN RETIRO DE MINAS ANTIPERSONALES
Fuente: http://www.mundoposible.cl/
Arica. 15 Junio 07(MP) Aymarás afirman que se están violando los derechos colectivos a la tierra, el libre tránsito, el desarrollo y la práctica de la cultura propios.
El Consejo Autónomo Aymará (CAA) y la organización del pueblo mapuche del Consejo de Todas las Tierras iniciarán una cruzada en contra de las minas antipersonales diseminadas en la frontera norte y que afectan territorios de pueblos originarios.
Según Hortensia Hidalgo Cáceres, del CAA, la instalación de estos explosivos en las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia viola los derechos colectivos a la tierra, el libre tránsito, el desarrollo y la práctica de la cultura, la convivencia pacífica y el acceso y uso espiritual de los territorios de las etnias aymará, quechua y atacameños-lickanantay.
Afortunadamente, sostiene en una declaración, la comunidad internacional ha tomado conciencia de las consecuencias nocivas que representa esta situación. A modo de ejemplo, cita la Convención de Ottawa, adoptada con fecha 18 de septiembre de 1997, que en su parte preambular establece: "Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento".
El mismo texto afirma en su artículo 5 que cada Estado parte se "compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control, lo ante posible, y a mas tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte".
Al respecto, la vocera señaló que en el caso de Chile, las medidas adoptadas por el Estado no han tenido el impacto suficiente, considerando las características geográficas de los territorios minados y las dificultades de localización a causa del desplazamiento que se produce por el invierno altiplánico. "Ello podría resultar en una amenaza indefinida para los pueblos indígenas que habitan el área y sus derechos", declaró.
También recordó que las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los pueblos aymará, quechua y atacameños-lickanantay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
viernes, 22 de junio de 2007
Intervención de Marco Henríquez Omíname Diputado de la Republica de Chile en Seminario sobre minas antipersonales en territorios indígenas.
La diversidad y el pluralismo son conceptos que ya están insertos en el discurso público contemporáneo. Distintos Estados, muchos motivados por los acuerdos que se han adoptado en las instancias internacionales, han decidido ajustar sus sistemas político-institucionales a las realidades pluriétnicas y multiculturales que existen en su territorio.
En Chile los avances han sido precarios, las razones son múltiples, por un lado tenemos una derecha que se niega tajantemente a reconocer el carácter de “pueblos” a quienes comparten ciertos elementos como la lengua, tradiciones y formas de entender el mundo en el que viven. Creen que ese reconocimiento será un espiral de reivindicaciones autonómicas que no están dispuestos a aceptar, por otro lado, tampoco son capaces de concebir una sociedad que exprese libremente las distintas sensibilidades, culturas y expresiones de quienes la componen. Además, los gobiernos de la Concertación no han sido capaces de corregir los vicios de representación de los pueblos originarios en las instancias representativas.
En Chile nuestra composición societal pluriétnica es un hecho, quien quiera negarlo sufre ceguera ante una realidad evidente, sin embargo, esa realidad no tiene un correlato legislativo que la sostenga. Chile ha sido concebido como un Estado Nación que impuso en el Siglo XIX, a través de la educación pública, una historia común con ciertos héroes y ciertas fechas que rememoran nuestro compromiso con esa nacionalidad. La consolidación del Estado en Chile supuso un gigantesco y a veces cruel esfuerzo de homogeneización encaminado a esconder las identidades y a desconocer todo proceso distinto de consolidación democrática que no guardara relación con ese proyecto marco. Es así como el discurso jurídico expresado en distintas leyes a lo largo de la República ha tendido a esconder las identidades y a limitar la convivencia en un espectro multicultural.
La globalización en términos peyorativos ha significado un proceso de homogeneización cultural por la vía de los medios de comunicación masiva y las transformaciones tecnológicas. La globalización, por otro lado, nos ha obligado a suscribir a fenómenos de reconocimiento identitario y cultural que se han expresado fuertemente en Naciones que han sabido lidiar con sus divergencias étnicas y culturales, la expresión más acabada de lo último es el esfuerzo mundial por estructurar marcos conceptuales y legislativos que vayan de la mano con el reconocimiento de los derechos humanos y también de los derechos colectivos. En este sentido, nos hemos quedado atrás en muchos aspectos, no solo en el reconocimiento de ciertos tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT sino que también en la ejecución de otros tratados cuyo cumplimiento nos convoca en este seminario, me refiero a la necesidad de erradicar las minas antipersonales.
El reconocimiento de los tratados internacionales pendientes en materia indígena, así como las modificaciones constitucionales y la adaptación legislativa que afirmen a Chile como un Estado Multicultural son estadios esenciales para materializar los principios de pluralismo y diversidad expresados en un comienzo. Sin embargo, los ajustes jurídicos requieren de un correlato social que se afirme en un modelo político y de lucha esencial en quienes son los principales voceros de la demanda indígena. Este seminario es un paso más para la consolidación de un espectro escondido y acallado en la sociedad. La lucha indígena debe ser un debate de primera línea en el espacio de discusión pública, es decir, en los medios de comunicación. Los pueblos indígenas en su conjunto tienen la obligación de dialogar con el mundo político en circunstancias de igualdad, dichas circunstancias solo se expresarán por medio de una representación clara y estable de sus integrantes con un soporte comunicacional lo suficientemente fuerte para obligar a quienes hoy expresan el pensamiento mayoritario a subordinar su voluntad a realidades multiculturales evidentes.
Esa es la lucha pendiente de los pueblos originarios, consolidarse como una fuerza política dialogante que abra los espacios necesarios para que su voz se manifieste en el cause institucional y hacer efectivas sus demandas allí. Lamentablemente, por la fuerza de los hechos, ese camino es ineludible, la legitimidad de la demanda indígena se expresará con mayor ímpetu y será allí donde podrá contribuir a modificar el discurso jurídico chileno. El proyecto de reforma al sistema binominal enviado al Congreso recientemente por el ejecutivo es una oportunidad clara para expresar el anhelo de representatividad que como pueblos, los indígenas deben tener en el Parlamento.
La reforma al binominal abre espacios de representatividad de sectores que actualmente se encuentran excluidos del diálogo oficial, aquel que finalmente determina las directrices que el país asume. Las políticas indígenas del Estado chileno de desconocimiento y asistencialismo frente a los indígenas obligan a dar un paso hacia el reconocimiento y aceptación de la realidad pluriétnica; de materializarse derechos especiales de representación, la deuda de un reconocimiento constitucional de la multiculturalidad, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la ejecución práctica de tratados internacionales, especialmente aquellos que dicen relación con el tema que nos convoca, tendrán una voz autorizada en el Parlamento que expresará en términos de igualdad la necesidad de un reconocimiento normativo.
Dicho lo anterior, paso a hacer un breve análisis de aquellos instrumentos de carácter internacional que nos obligan a impulsar todos los esfuerzos necesarios para erradicar las minas antipersonales, tanto de los territorios indígenas como del resto del territorio.
La Convención de Ottawa de 1997 es hasta ahora el único instrumento internacional que, según establece su Artículo 1, compromete a los Estados Parte a nunca y bajo ninguna circunstancia emplear minas antipersonales, además de prohibir su desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia directa o indirecta, así como ayudar, estimular o inducir a cualquiera a participar en una actividad prohibida conforme a la propia Convención. A febrero de 2007, 155 Estados han firmado la Convención y 153 la han ratificado, no obstante se han excluido de hacerse parte los principales países exportadores de estos artefactos, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Egipto, Corea del Norte y Corea del Sur. En América Latina sólo Cuba no ha firmado la Convención.
Precedente a la Convención de Ottawa existe como referente la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW), de 1980, conocida también como Convención sobre Armas Inhumanas, cuyo Protocolo II sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (Protocolo II) (CCWPII), establece en su artículo 3 que prohíbe en todas las circunstancias emplear minas, armas trampa (artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir que funciona inesperadamente cuando una persona toca o se aproxima a un objeto aparentemente inofensivo), y otros artefactos (municiones y artefactos colocados manualmente concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionan por control remoto o en forma automática mediante acción retardada), ya sea se usen como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil como tal o contra personas civiles.
Sin embargo, el Protocolo II de la CCW no se aplica sobre conflictos internos y a la fecha sólo ha sido ratificado por 89 Estados. Pese a que entre los países que lo han ratificado se encuentra Estados Unidos, China, Rusia y los principales países europeos, la mayoría de los países en desarrollo, entre ellos Chile y Perú, no se ha hecho parte del documento.
En Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos implementó en la década de los noventa el programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), para desminar los principales territorios de América Central, extendiendo su cobertura también a Sudamérica. En relación directa con las minas terrestres antipersonal la Asamblea General de la OEA ha emitido dieciocho resoluciones desde 1997 a 2005, entre ellas “Las Américas Como Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal”, “El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal” y “Cooperación para la seguridad en el Hemisferio”, en las cuales reafirma las metas de eliminación global de las minas terrestres antipersonal y la transformación de las Américas en una zona libre de minas terrestres antipersonal.
Pese a este esfuerzo, en toda ocasión se hace presente que Estados Unidos no apoya esta medida y que la conversión de América en zona de libre de minas terrestres antipersonal es “incompatible con la política actual de los Estados Unidos de América en materia de minas terrestres”, ya que ésta establece claramente que no será Parte de la Convención Ottawa, aunque respalda los esfuerzos de la OEA para eliminar la amenaza humanitaria de todas las minas terrestres persistentes y declarar a los países “libres del impacto de las minas”.
La Unión Europea, por su parte, basándose en el Tratado Constitutivo de la Unión que en el artículo J.3 fija el procedimiento para adoptar una acción común en materia de política exterior y seguridad, establece una estrategia coherente para proceder en conjunto en la lucha contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo y los restantes terceros países, apoyada por dos reglamentos inspirados en la Convención de Ottawa.
El objetivo de esta normativa, contenida en el Reglamento (CE) n° 1724/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo y el Reglamento (CE) n° 1725/2001 del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en terceros países excepto los países en desarrollo, ambos de 2001, es ayudar a crear las condiciones para el desarrollo económico y social de los países que padecen las consecuencias de las minas terrestres antipersonas. Asimismo, la UE desarrolló una estrategia comunitaria de lucha contra las minas para el período 2005-2007, en la cual pide a los Estados adherir a la Convención de Ottawa, y en especial pide a Estados Unidos reconsiderar su declaración de no adherir al Pacto.
En conjunto, estas acciones y resoluciones se suman a la iniciativa que los Estados Partes en la Convención de Ottawa definieron en el Plan de Acción de Nairobi 2005-2009, cuyos objetivos son “afianzar los logros alcanzados a la fecha, mantener y reforzar la eficacia de su cooperación, y hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir las tareas de universalización de la Convención, destrucción de los arsenales de minas antipersonal, limpieza de las zonas minadas y asistencia a las víctimas”. El Plan de Acción incluye 70 medidas orientadas a conseguir universalizar la Convención, destruir la existencia de minas antipersonal, limpiar las zonas minadas, prestar asistencia a las víctimas, y otras cuestiones especiales como asistencia y cooperación; transparencia e intercambio de información; prevención y supresión de las actividades prohibidas y facilitación del cumplimiento; y apoyo para la aplicación.
En el caso de Chile, el país suscribió en diciembre de 1997 la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, y promulgó su ratificación el 09 de Marzo de 2002, a través del Decreto No 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores que incorpora la Convención de Ottawa como Ley de la República. Además, mediante Decreto Supremo Nº 79 (Subsecretaría de Guerra) de 02 de Mayo de 2002 crea la Comisión Nacional de Desminado para dar cumplimiento a lo establecido por la Convención.
A través del Plan de Destrucción de Minas en Stock, culminado en agosto de 2003, Chile ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Convención de Ottawa, el cual determina el compromiso y un plazo de cuatro años para cada Estado Parte de destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonales que le pertenezca o posea. De esta forma, Chile no posee minas antipersonales en stock.
Según el 6to Informe de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional sobre la Convención de Ottawa, de 2007, las zonas minadas en Chile se encuentran en áreas fronterizas, de difícil acceso, despobladas y alejadas de centros poblados, siendo lugares donde no existe tránsito regular de civiles, y que están debidamente señalizados y protegidos. En la actualidad, existen contabilizadas un total de 112.449 minas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, se sospecha de la existencia de otras 266 minas en Tarapacá y Antofagasta, y el Ejército y la Armada retienen para adiestramiento otras 4.484 minas.
La destrucción total de las minas que se encuentran en estos territorios es un desafío pendiente del Estado chileno que debe materializarse con el esfuerzo conjunto de todos sus actores. El uso de suelo indígena de minas antipersonales atenta contra sus derechos ancestrales, contra la posibilidad del libre tránsito en dichos territorios y es un desconocimiento manifiesto del reconocimiento del territorio como uno de los elementos constitutivos de un pueblos. La voz de las comunidades aymará debe ser escuchada en los causes institucionales, expresada por sus propios actores, ese es el desafío que traté de sintetizar en la primera partes de esta exposición y el llamado abierto que les hago en esta oportunidad con el compromiso sincero de adherir a toda lucha que diga relación con el legítimo derecho de representación que los pueblos indígenas, en su conjunto tienen Chile.
En Chile los avances han sido precarios, las razones son múltiples, por un lado tenemos una derecha que se niega tajantemente a reconocer el carácter de “pueblos” a quienes comparten ciertos elementos como la lengua, tradiciones y formas de entender el mundo en el que viven. Creen que ese reconocimiento será un espiral de reivindicaciones autonómicas que no están dispuestos a aceptar, por otro lado, tampoco son capaces de concebir una sociedad que exprese libremente las distintas sensibilidades, culturas y expresiones de quienes la componen. Además, los gobiernos de la Concertación no han sido capaces de corregir los vicios de representación de los pueblos originarios en las instancias representativas.
En Chile nuestra composición societal pluriétnica es un hecho, quien quiera negarlo sufre ceguera ante una realidad evidente, sin embargo, esa realidad no tiene un correlato legislativo que la sostenga. Chile ha sido concebido como un Estado Nación que impuso en el Siglo XIX, a través de la educación pública, una historia común con ciertos héroes y ciertas fechas que rememoran nuestro compromiso con esa nacionalidad. La consolidación del Estado en Chile supuso un gigantesco y a veces cruel esfuerzo de homogeneización encaminado a esconder las identidades y a desconocer todo proceso distinto de consolidación democrática que no guardara relación con ese proyecto marco. Es así como el discurso jurídico expresado en distintas leyes a lo largo de la República ha tendido a esconder las identidades y a limitar la convivencia en un espectro multicultural.
La globalización en términos peyorativos ha significado un proceso de homogeneización cultural por la vía de los medios de comunicación masiva y las transformaciones tecnológicas. La globalización, por otro lado, nos ha obligado a suscribir a fenómenos de reconocimiento identitario y cultural que se han expresado fuertemente en Naciones que han sabido lidiar con sus divergencias étnicas y culturales, la expresión más acabada de lo último es el esfuerzo mundial por estructurar marcos conceptuales y legislativos que vayan de la mano con el reconocimiento de los derechos humanos y también de los derechos colectivos. En este sentido, nos hemos quedado atrás en muchos aspectos, no solo en el reconocimiento de ciertos tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT sino que también en la ejecución de otros tratados cuyo cumplimiento nos convoca en este seminario, me refiero a la necesidad de erradicar las minas antipersonales.
El reconocimiento de los tratados internacionales pendientes en materia indígena, así como las modificaciones constitucionales y la adaptación legislativa que afirmen a Chile como un Estado Multicultural son estadios esenciales para materializar los principios de pluralismo y diversidad expresados en un comienzo. Sin embargo, los ajustes jurídicos requieren de un correlato social que se afirme en un modelo político y de lucha esencial en quienes son los principales voceros de la demanda indígena. Este seminario es un paso más para la consolidación de un espectro escondido y acallado en la sociedad. La lucha indígena debe ser un debate de primera línea en el espacio de discusión pública, es decir, en los medios de comunicación. Los pueblos indígenas en su conjunto tienen la obligación de dialogar con el mundo político en circunstancias de igualdad, dichas circunstancias solo se expresarán por medio de una representación clara y estable de sus integrantes con un soporte comunicacional lo suficientemente fuerte para obligar a quienes hoy expresan el pensamiento mayoritario a subordinar su voluntad a realidades multiculturales evidentes.
Esa es la lucha pendiente de los pueblos originarios, consolidarse como una fuerza política dialogante que abra los espacios necesarios para que su voz se manifieste en el cause institucional y hacer efectivas sus demandas allí. Lamentablemente, por la fuerza de los hechos, ese camino es ineludible, la legitimidad de la demanda indígena se expresará con mayor ímpetu y será allí donde podrá contribuir a modificar el discurso jurídico chileno. El proyecto de reforma al sistema binominal enviado al Congreso recientemente por el ejecutivo es una oportunidad clara para expresar el anhelo de representatividad que como pueblos, los indígenas deben tener en el Parlamento.
La reforma al binominal abre espacios de representatividad de sectores que actualmente se encuentran excluidos del diálogo oficial, aquel que finalmente determina las directrices que el país asume. Las políticas indígenas del Estado chileno de desconocimiento y asistencialismo frente a los indígenas obligan a dar un paso hacia el reconocimiento y aceptación de la realidad pluriétnica; de materializarse derechos especiales de representación, la deuda de un reconocimiento constitucional de la multiculturalidad, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la ejecución práctica de tratados internacionales, especialmente aquellos que dicen relación con el tema que nos convoca, tendrán una voz autorizada en el Parlamento que expresará en términos de igualdad la necesidad de un reconocimiento normativo.
Dicho lo anterior, paso a hacer un breve análisis de aquellos instrumentos de carácter internacional que nos obligan a impulsar todos los esfuerzos necesarios para erradicar las minas antipersonales, tanto de los territorios indígenas como del resto del territorio.
La Convención de Ottawa de 1997 es hasta ahora el único instrumento internacional que, según establece su Artículo 1, compromete a los Estados Parte a nunca y bajo ninguna circunstancia emplear minas antipersonales, además de prohibir su desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia directa o indirecta, así como ayudar, estimular o inducir a cualquiera a participar en una actividad prohibida conforme a la propia Convención. A febrero de 2007, 155 Estados han firmado la Convención y 153 la han ratificado, no obstante se han excluido de hacerse parte los principales países exportadores de estos artefactos, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Egipto, Corea del Norte y Corea del Sur. En América Latina sólo Cuba no ha firmado la Convención.
Precedente a la Convención de Ottawa existe como referente la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW), de 1980, conocida también como Convención sobre Armas Inhumanas, cuyo Protocolo II sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos (Protocolo II) (CCWPII), establece en su artículo 3 que prohíbe en todas las circunstancias emplear minas, armas trampa (artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir que funciona inesperadamente cuando una persona toca o se aproxima a un objeto aparentemente inofensivo), y otros artefactos (municiones y artefactos colocados manualmente concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionan por control remoto o en forma automática mediante acción retardada), ya sea se usen como medio de ataque, como medio de defensa o a título de represalia, contra la población civil como tal o contra personas civiles.
Sin embargo, el Protocolo II de la CCW no se aplica sobre conflictos internos y a la fecha sólo ha sido ratificado por 89 Estados. Pese a que entre los países que lo han ratificado se encuentra Estados Unidos, China, Rusia y los principales países europeos, la mayoría de los países en desarrollo, entre ellos Chile y Perú, no se ha hecho parte del documento.
En Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos implementó en la década de los noventa el programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), para desminar los principales territorios de América Central, extendiendo su cobertura también a Sudamérica. En relación directa con las minas terrestres antipersonal la Asamblea General de la OEA ha emitido dieciocho resoluciones desde 1997 a 2005, entre ellas “Las Américas Como Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal”, “El Hemisferio Occidental: Zona libre de minas terrestres antipersonal” y “Cooperación para la seguridad en el Hemisferio”, en las cuales reafirma las metas de eliminación global de las minas terrestres antipersonal y la transformación de las Américas en una zona libre de minas terrestres antipersonal.
Pese a este esfuerzo, en toda ocasión se hace presente que Estados Unidos no apoya esta medida y que la conversión de América en zona de libre de minas terrestres antipersonal es “incompatible con la política actual de los Estados Unidos de América en materia de minas terrestres”, ya que ésta establece claramente que no será Parte de la Convención Ottawa, aunque respalda los esfuerzos de la OEA para eliminar la amenaza humanitaria de todas las minas terrestres persistentes y declarar a los países “libres del impacto de las minas”.
La Unión Europea, por su parte, basándose en el Tratado Constitutivo de la Unión que en el artículo J.3 fija el procedimiento para adoptar una acción común en materia de política exterior y seguridad, establece una estrategia coherente para proceder en conjunto en la lucha contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo y los restantes terceros países, apoyada por dos reglamentos inspirados en la Convención de Ottawa.
El objetivo de esta normativa, contenida en el Reglamento (CE) n° 1724/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo y el Reglamento (CE) n° 1725/2001 del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en terceros países excepto los países en desarrollo, ambos de 2001, es ayudar a crear las condiciones para el desarrollo económico y social de los países que padecen las consecuencias de las minas terrestres antipersonas. Asimismo, la UE desarrolló una estrategia comunitaria de lucha contra las minas para el período 2005-2007, en la cual pide a los Estados adherir a la Convención de Ottawa, y en especial pide a Estados Unidos reconsiderar su declaración de no adherir al Pacto.
En conjunto, estas acciones y resoluciones se suman a la iniciativa que los Estados Partes en la Convención de Ottawa definieron en el Plan de Acción de Nairobi 2005-2009, cuyos objetivos son “afianzar los logros alcanzados a la fecha, mantener y reforzar la eficacia de su cooperación, y hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir las tareas de universalización de la Convención, destrucción de los arsenales de minas antipersonal, limpieza de las zonas minadas y asistencia a las víctimas”. El Plan de Acción incluye 70 medidas orientadas a conseguir universalizar la Convención, destruir la existencia de minas antipersonal, limpiar las zonas minadas, prestar asistencia a las víctimas, y otras cuestiones especiales como asistencia y cooperación; transparencia e intercambio de información; prevención y supresión de las actividades prohibidas y facilitación del cumplimiento; y apoyo para la aplicación.
En el caso de Chile, el país suscribió en diciembre de 1997 la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, y promulgó su ratificación el 09 de Marzo de 2002, a través del Decreto No 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores que incorpora la Convención de Ottawa como Ley de la República. Además, mediante Decreto Supremo Nº 79 (Subsecretaría de Guerra) de 02 de Mayo de 2002 crea la Comisión Nacional de Desminado para dar cumplimiento a lo establecido por la Convención.
A través del Plan de Destrucción de Minas en Stock, culminado en agosto de 2003, Chile ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Convención de Ottawa, el cual determina el compromiso y un plazo de cuatro años para cada Estado Parte de destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonales que le pertenezca o posea. De esta forma, Chile no posee minas antipersonales en stock.
Según el 6to Informe de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional sobre la Convención de Ottawa, de 2007, las zonas minadas en Chile se encuentran en áreas fronterizas, de difícil acceso, despobladas y alejadas de centros poblados, siendo lugares donde no existe tránsito regular de civiles, y que están debidamente señalizados y protegidos. En la actualidad, existen contabilizadas un total de 112.449 minas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, se sospecha de la existencia de otras 266 minas en Tarapacá y Antofagasta, y el Ejército y la Armada retienen para adiestramiento otras 4.484 minas.
La destrucción total de las minas que se encuentran en estos territorios es un desafío pendiente del Estado chileno que debe materializarse con el esfuerzo conjunto de todos sus actores. El uso de suelo indígena de minas antipersonales atenta contra sus derechos ancestrales, contra la posibilidad del libre tránsito en dichos territorios y es un desconocimiento manifiesto del reconocimiento del territorio como uno de los elementos constitutivos de un pueblos. La voz de las comunidades aymará debe ser escuchada en los causes institucionales, expresada por sus propios actores, ese es el desafío que traté de sintetizar en la primera partes de esta exposición y el llamado abierto que les hago en esta oportunidad con el compromiso sincero de adherir a toda lucha que diga relación con el legítimo derecho de representación que los pueblos indígenas, en su conjunto tienen Chile.
miércoles, 20 de junio de 2007
INTERVENCION DE ANGEL BOLAÑOS FLORES
INTERVENCION DE ANGEL BOLAÑOS FLORES
Presidente Consejo Autónomo Aymara
Hermana Isabel Ortega Senadora de la Republica de Bolivia.
Compañero Marco Enríquez Ominami, Diputado de la Republica de Chile
Hermano Aucan Huilcaman, Consejo de Todas las Tierras.
Hermanos representantes del Perú.
Hermanos Likanantay y Quechuas
Amigos no indígenas.
En nombre del Consejo Autónomo Aymara, quisiéramos darle la bienvenida a cada de ustedes que han concurrido al Primer Seminario sobre Minas Antipersonal en Territorios de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños.
El Consejo Autónomo Aymara y la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras, hemos convocado a este seminario en el marco de las actividades de trabajo que hemos convenidos conjuntamente en la promoción y protección de los Derechos humanos de los Pueblos Indígenas del país.
Muchos de lo que estamos participando de este seminario venimos desde el corazón de las comunidades Indígenas, allí vivimos y crecimos teniendo en nuestro medio natural cientos de explosivos y nos parecía totalmente normal. Sin embargo, en el trabajo que hemos desplegado a nivel nacional e internacional y particularmente en lo que se refiere al Informe y recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas de Chile, las recomendaciones del Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y nuestra activa participación en los foros internacionales para la elaboración de normas de derechos humanos, identificamos que la permanencia de las Minas Antipersonal en nuestros territorios tradicionales constituyen una flagrante violación a los derechos humanos tanto de orden individual y colectivo, viola el derecho internacional humanitario y representa una amenaza para la convivencia pacifica para las comunidades indígenas.
En la lucha nacional e internacional por los derechos humanos, identificamos la importancia que tiene la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, mas conocida como la Convención de Ottawa. Este instrumento internacional, en nuestro entender tiene vital importancia para los Pueblos y personas que han sido victimas de las Minas en su medio natural, y en el caso de los Pueblos Indígenas la instalación de los artefactos explosivos en los territorios ancestrales y tradicionales constituyendo no tan solo una amenaza permanente, sino también aumentan las condiciones para la matención de la pobreza, la exclusión y la discriminación.
Entonces, a partir del trabajo internacional en la promoción y protección de los derechos humanos y en el caso de los Pueblos Indígenas, la vulneración de los Derechos colectivos, tomamos la decisión de iniciar un dialogo desde los propios afectados, entendido que son los territorios indígenas los que han sido los escenarios de la instalación de las minas, pero también fueron los escenarios de las guerras y conflictos internacionales del sur.
A pesar que la Convención de Ottawa es un instrumento vinculante para los Estados y de valiosa importancia para la protección y respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tiene un enfoque preferentemente orientado a atender a las personas mutiladas y sus consecuencias por los impactos de las Minas y otros artefactos conexos. Al respecto, estamos muy conscientes que el instrumento tuvo este enfoque por dos razones fundamentales, la primera se refiere a que en el proceso de negociación no participaron los organismos indígenas que destacaran el impacto que tienen las Minas antipersonal con las comunidades indígenas y la segunda cuestión, porque durante el proceso de negociación de la Convención de Ottawa, no estaba todavía aceptado internacionalmente que las tierras, territorios y recursos son parte fundamentales de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Estas reflexiones y análisis sobre nuestra situación como Pueblo, se ha dado a partir de la aplicación del Convención de Ottawa y la evolución del Derecho internacional sobre los derechos humanos con los Pueblos Indígenas. Derechos que están ampliamente establecidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, instrumento que será sometido a su consideración en la Asamblea General de la ONU para su adopción durante los meses de septiembre a diciembre 2007.
Estimados Hermanos y Hermanas.
La permanencia de las Minas antipersonal y otros explosivos en los ancestrales territorios de los Pueblos Indígenas, constituye una grave amenaza a los derechos humanos, pero también constituye un freno permanente para el desarrollo cultural, económico y espiritual con las comunidades indígenas del país, por lo mismo requiere de participación en los esfuerzos para la erradicación de los explosivos.
Las comunidades indígenas que cohabitan con las Minas Antipersonal y otros explosivos, hasta el momento hemos tenido una posición pasiva, incluso un comportamiento de victima pasiva, sin embargo, a partir de las obligaciones internacionales del Estados que Chile, y nuestra apremiante situación, quisiéramos empujar un proceso más firme desde los propios afectados, considerando que las familias indígenas que viven en el lugar tienen su propia información sobre los artefactos explosivos, los animales que transitan en área han sido triturados por las explosiones de las bombas, esto indica que las comunidades del lugar conocen la ubicación física de algunos explosivos que para los responsables institucionales no son identificables.
Quisiéramos establecer un trabajo en directa conexión con los otros instrumentos de derechos humanos, y demostrar al país y la comunidad internacional las razones que nos motivan para iniciar un debate sobre esta situación crucial que afectan a los Pueblos Indígenas de manera colectiva, considerando que la diseminación indiscriminada de los explosivos, se efectuó en nuestros territorios ancestrales.
Hermanos y Hermanas
Los indígenas entendemos que no es posible un desarrollo para comunidades Indígenas en la región y particularmente en la nueva región Arica Parinacota, si no se aborda definitivamente esta apremiante problemática sobre los explosivos. Pero también entendemos que cualquier mejoría y fortalecimiento de las relaciones entre Perú Chile y Bolivia implica para el Estado de Chile atender urgentemente sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención de Ottawa.
Consideramos oportuno recordar que las Minas Antipersonal y otros artefactos explosivos se instalaron en nuestros ancestrales territorios bajo la doctrina de la seguridad nacional, es decir, sobre criterios doctrinas militares y sistemas antidemocráticos. La sola instalación de las Minas devela una posición bélica y contraria a una política de respeto a los derechos humanos, contrario a los procesos de integración y de convivencia pacifica entre los habitantes del lugar y con los países vecinos.
Hermanos y Hermanas.
La integración de los Pueblos no es responsabilidad únicamente de los gobernantes, sino, también depende de nuestras iniciativas desde los Pueblos, e nuestras voluntades y capacidades de organización. Al respecto, manifestamos que los Pueblos Indígenas, estamos interesados en una verdadera integración, lo que implica un reconocimiento de nuestros derecho a las tierras, territorios y recursos, y en marco de la integración participar activamente como sujeto colectivo bajo el principio del derecho a la autodeterminación.
Finalmente reiteramos, estamos iniciando un debate de vital importancia para los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en lo que se refieren a los derechos colectivos de las tierras, territorios, y sus recursos y la autodeterminación.
Muchas gracias.
Presidente Consejo Autónomo Aymara
Hermana Isabel Ortega Senadora de la Republica de Bolivia.
Compañero Marco Enríquez Ominami, Diputado de la Republica de Chile
Hermano Aucan Huilcaman, Consejo de Todas las Tierras.
Hermanos representantes del Perú.
Hermanos Likanantay y Quechuas
Amigos no indígenas.
En nombre del Consejo Autónomo Aymara, quisiéramos darle la bienvenida a cada de ustedes que han concurrido al Primer Seminario sobre Minas Antipersonal en Territorios de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños.
El Consejo Autónomo Aymara y la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras, hemos convocado a este seminario en el marco de las actividades de trabajo que hemos convenidos conjuntamente en la promoción y protección de los Derechos humanos de los Pueblos Indígenas del país.
Muchos de lo que estamos participando de este seminario venimos desde el corazón de las comunidades Indígenas, allí vivimos y crecimos teniendo en nuestro medio natural cientos de explosivos y nos parecía totalmente normal. Sin embargo, en el trabajo que hemos desplegado a nivel nacional e internacional y particularmente en lo que se refiere al Informe y recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas de Chile, las recomendaciones del Comité Internacional del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y nuestra activa participación en los foros internacionales para la elaboración de normas de derechos humanos, identificamos que la permanencia de las Minas Antipersonal en nuestros territorios tradicionales constituyen una flagrante violación a los derechos humanos tanto de orden individual y colectivo, viola el derecho internacional humanitario y representa una amenaza para la convivencia pacifica para las comunidades indígenas.
En la lucha nacional e internacional por los derechos humanos, identificamos la importancia que tiene la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, mas conocida como la Convención de Ottawa. Este instrumento internacional, en nuestro entender tiene vital importancia para los Pueblos y personas que han sido victimas de las Minas en su medio natural, y en el caso de los Pueblos Indígenas la instalación de los artefactos explosivos en los territorios ancestrales y tradicionales constituyendo no tan solo una amenaza permanente, sino también aumentan las condiciones para la matención de la pobreza, la exclusión y la discriminación.
Entonces, a partir del trabajo internacional en la promoción y protección de los derechos humanos y en el caso de los Pueblos Indígenas, la vulneración de los Derechos colectivos, tomamos la decisión de iniciar un dialogo desde los propios afectados, entendido que son los territorios indígenas los que han sido los escenarios de la instalación de las minas, pero también fueron los escenarios de las guerras y conflictos internacionales del sur.
A pesar que la Convención de Ottawa es un instrumento vinculante para los Estados y de valiosa importancia para la protección y respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tiene un enfoque preferentemente orientado a atender a las personas mutiladas y sus consecuencias por los impactos de las Minas y otros artefactos conexos. Al respecto, estamos muy conscientes que el instrumento tuvo este enfoque por dos razones fundamentales, la primera se refiere a que en el proceso de negociación no participaron los organismos indígenas que destacaran el impacto que tienen las Minas antipersonal con las comunidades indígenas y la segunda cuestión, porque durante el proceso de negociación de la Convención de Ottawa, no estaba todavía aceptado internacionalmente que las tierras, territorios y recursos son parte fundamentales de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Estas reflexiones y análisis sobre nuestra situación como Pueblo, se ha dado a partir de la aplicación del Convención de Ottawa y la evolución del Derecho internacional sobre los derechos humanos con los Pueblos Indígenas. Derechos que están ampliamente establecidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, instrumento que será sometido a su consideración en la Asamblea General de la ONU para su adopción durante los meses de septiembre a diciembre 2007.
Estimados Hermanos y Hermanas.
La permanencia de las Minas antipersonal y otros explosivos en los ancestrales territorios de los Pueblos Indígenas, constituye una grave amenaza a los derechos humanos, pero también constituye un freno permanente para el desarrollo cultural, económico y espiritual con las comunidades indígenas del país, por lo mismo requiere de participación en los esfuerzos para la erradicación de los explosivos.
Las comunidades indígenas que cohabitan con las Minas Antipersonal y otros explosivos, hasta el momento hemos tenido una posición pasiva, incluso un comportamiento de victima pasiva, sin embargo, a partir de las obligaciones internacionales del Estados que Chile, y nuestra apremiante situación, quisiéramos empujar un proceso más firme desde los propios afectados, considerando que las familias indígenas que viven en el lugar tienen su propia información sobre los artefactos explosivos, los animales que transitan en área han sido triturados por las explosiones de las bombas, esto indica que las comunidades del lugar conocen la ubicación física de algunos explosivos que para los responsables institucionales no son identificables.
Quisiéramos establecer un trabajo en directa conexión con los otros instrumentos de derechos humanos, y demostrar al país y la comunidad internacional las razones que nos motivan para iniciar un debate sobre esta situación crucial que afectan a los Pueblos Indígenas de manera colectiva, considerando que la diseminación indiscriminada de los explosivos, se efectuó en nuestros territorios ancestrales.
Hermanos y Hermanas
Los indígenas entendemos que no es posible un desarrollo para comunidades Indígenas en la región y particularmente en la nueva región Arica Parinacota, si no se aborda definitivamente esta apremiante problemática sobre los explosivos. Pero también entendemos que cualquier mejoría y fortalecimiento de las relaciones entre Perú Chile y Bolivia implica para el Estado de Chile atender urgentemente sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención de Ottawa.
Consideramos oportuno recordar que las Minas Antipersonal y otros artefactos explosivos se instalaron en nuestros ancestrales territorios bajo la doctrina de la seguridad nacional, es decir, sobre criterios doctrinas militares y sistemas antidemocráticos. La sola instalación de las Minas devela una posición bélica y contraria a una política de respeto a los derechos humanos, contrario a los procesos de integración y de convivencia pacifica entre los habitantes del lugar y con los países vecinos.
Hermanos y Hermanas.
La integración de los Pueblos no es responsabilidad únicamente de los gobernantes, sino, también depende de nuestras iniciativas desde los Pueblos, e nuestras voluntades y capacidades de organización. Al respecto, manifestamos que los Pueblos Indígenas, estamos interesados en una verdadera integración, lo que implica un reconocimiento de nuestros derecho a las tierras, territorios y recursos, y en marco de la integración participar activamente como sujeto colectivo bajo el principio del derecho a la autodeterminación.
Finalmente reiteramos, estamos iniciando un debate de vital importancia para los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en lo que se refieren a los derechos colectivos de las tierras, territorios, y sus recursos y la autodeterminación.
Muchas gracias.
miércoles, 6 de junio de 2007
SEMINARIO SOBRE MINAS ANTIPERSONALES EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÌGENAS
CONVOCATORIA
SEMINARIO SOBRE MINAS ANTIPERSONAL EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AYMARA QUECHUA Y ATACAMEÑOS-LIKANANTAY DE CHILE
SEMINARIO SOBRE MINAS ANTIPERSONAL EN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AYMARA QUECHUA Y ATACAMEÑOS-LIKANANTAY DE CHILE
Fecha :Viernes 15 de junio de 2007
Lugar : Ciudad de Arica, Chile
Dirección : Hotel Costa Pacifico. Calle Lynch N.- 750, Arica
El Consejo Autónomo Aymara CAA de Arica y la organización del Pueblo Mapuche Consejo de Todas las Tierras, convocan al Seminario sobre Minas Antipersonal en los Territorios de los Pueblos Indígenas Aymara Quechua y Atacameños-Lickanantay que habitan en las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia.
La instalación de las Minas antipersonal en las fronteras entre Perú, Chile y Bolivia, afectó los derechos colectivos de todos los Pueblos Indígenas que habitan en las fronteras tripartitas y la diseminación de los explosivos en el área vulnera el derecho a las tierras, territorios y recursos, el derecho al libre transito, el desarrollo y práctica de la cultura, la convivencia pacifica, el progreso, el uso y acceso espiritual de los territorios y la conculcación del derecho a la libre determinación.
Afortunadamente la comunidad internacional a tomado conciencia de las consecuencias nocivas que representa esta situación, al respecto, la Convención de Ottawa adoptada con fecha 18 de septiembre de 1997, en su parte preambular establece “Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento”
Asimismo, la convención de Ottawa en su articulo 5.- sobre destrucción de Minas antipersonal subraya “Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control, lo ante posible, y a mas tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte” Con respecto al plazo que establece la Convención, las organizaciones de los Pueblos Indígenas del país, estamos profundamente preocupados, considerando que las medidas adoptadas por el Estado de Chile no han tenido el suficiente impacto, teniendo en cuenta las características geográficas de los territorios Minados que dificultan enormemente su ubicación por el desplazamiento permanente que ha experimentado el desierto a raíz del invierno altiplánico, lo que podría resultar una amenaza indefinida para los Pueblos Indígenas y sus derechos que habitan en el área.
La Declaración de Maputo, adoptada con fecha 04 de septiembre 1997, manifiesta “Convencidos de que la consolidación de la paz no es posible si no va acompañada de un desarrollo económico y social sostenible, así como de una democracia participativa basada en la gobernación en el marco de los principios democráticos de justicia, libertad, tolerancia y solidaridad”
Las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickanantay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
Las declaraciones del Ministro del interior del Estado de Chile Belisario Velasco con motivo a una manifestación publica efectuadas por ciudadanos Peruanos en Tacna alrededor de la línea de concordia, con fecha 03 de abril del 2007, dio cuenta de la amenaza de las minas antipersonal “advertimos del peligro que representan las bombas antipersonal, que se encuentran en la frontera, con el invierno altiplanico se ha podido comprobar que hay minas que se desplazan y que están en otros lugares en que todavía no se han efectuado el retiro de estas, entonces, es altamente riesgoso que alguien cruce por este sector del territorio” (diario La Tercera, El Mercurio, La Segunda 03, de abril 2007) Estas declaraciones representa un progreso muy significativo para las organizaciones de los Pueblos indígenas abocados en la promoción y protección de los derechos humanos, considerando que por primera vez una autoridad del mas alto nivel del Estado de Chile reconoce que parte importante del territorio nacional que determinan las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia están minados y los artefactos explosivos se encuentran diseminados en el ancestral territorio de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickantay.
A pesar que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no cubre la situación de los Pueblos Indígenas que sus territorios tradicionales se encuentran Minados, nos proponemos incluir esta grave situación en el Proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos OEA.
Con motivo al Día Internacional de la Conciencia de las Minas y Acción contra las Minas, 04 de abril 2007, el Secretario General de Naciones Unidas Ban-Kimoon manifestó “hago un llamado a erradicar las Minas, porque millones de personas de unos 80 países viven en riesgo de morir o resultar heridos por las minas antipersonales y otros explosivos y pido a todos los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones bajo estos tratados, así como a brindar asistencia a los países afectados y a las víctimas de estos explosivos"
Las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Chile, teniendo en cuenta que esta situación de las minas antipersonal constituye una preocupación internacional y que la permanencia de los artefactos explosivos en los territorios de las comunidades Indígenas, implica un esfuerzos de todos los actores tanto del Estado Chileno, la comunidad internacional, los organismos especializados y los Pueblos Indígenas, nos proponemos abrir un dialogo con cobertura nacional e internacional para tomar conocimiento de los avances y dificultades que representan el proceso de desminados y a raíz de un intercambios de información permanente entre las comunidades indígenas afectadas elaborar y presentar recomendaciones a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.
Las organizaciones de los Pueblos Indígenas, nos proponemos iniciar un dialogo entre las comunidades afectadas y relevar nuestra situación que ha sido silenciada por los acontecimientos políticos de conflictos que han caracterizados esta parte de los territorios de Chile, Perú y Bolivia y que han determinado la situación geográfica en el cono sur.
Las organizaciones indígenas alrededor del seminario, esperamos promover e iniciar un dialogo constructivos desde los afectados por las minas antipersonal con todos los actores del país, entre ellos Parlamentarios, académicos, el Ejercito, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del interior, los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, las Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Unión Europea, dirigentes juveniles, vecinales, organismos no gubernamentales de derechos humanos.
HORTENCIA HIDALGO CACERES
Consejo Autónomo Aymara
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Enc. Relaciones Internacionales Consejo de Todas las Tierras.
Lugar : Ciudad de Arica, Chile
Dirección : Hotel Costa Pacifico. Calle Lynch N.- 750, Arica
El Consejo Autónomo Aymara CAA de Arica y la organización del Pueblo Mapuche Consejo de Todas las Tierras, convocan al Seminario sobre Minas Antipersonal en los Territorios de los Pueblos Indígenas Aymara Quechua y Atacameños-Lickanantay que habitan en las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia.
La instalación de las Minas antipersonal en las fronteras entre Perú, Chile y Bolivia, afectó los derechos colectivos de todos los Pueblos Indígenas que habitan en las fronteras tripartitas y la diseminación de los explosivos en el área vulnera el derecho a las tierras, territorios y recursos, el derecho al libre transito, el desarrollo y práctica de la cultura, la convivencia pacifica, el progreso, el uso y acceso espiritual de los territorios y la conculcación del derecho a la libre determinación.
Afortunadamente la comunidad internacional a tomado conciencia de las consecuencias nocivas que representa esta situación, al respecto, la Convención de Ottawa adoptada con fecha 18 de septiembre de 1997, en su parte preambular establece “Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento”
Asimismo, la convención de Ottawa en su articulo 5.- sobre destrucción de Minas antipersonal subraya “Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o control, lo ante posible, y a mas tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte” Con respecto al plazo que establece la Convención, las organizaciones de los Pueblos Indígenas del país, estamos profundamente preocupados, considerando que las medidas adoptadas por el Estado de Chile no han tenido el suficiente impacto, teniendo en cuenta las características geográficas de los territorios Minados que dificultan enormemente su ubicación por el desplazamiento permanente que ha experimentado el desierto a raíz del invierno altiplánico, lo que podría resultar una amenaza indefinida para los Pueblos Indígenas y sus derechos que habitan en el área.
La Declaración de Maputo, adoptada con fecha 04 de septiembre 1997, manifiesta “Convencidos de que la consolidación de la paz no es posible si no va acompañada de un desarrollo económico y social sostenible, así como de una democracia participativa basada en la gobernación en el marco de los principios democráticos de justicia, libertad, tolerancia y solidaridad”
Las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickanantay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
Las declaraciones del Ministro del interior del Estado de Chile Belisario Velasco con motivo a una manifestación publica efectuadas por ciudadanos Peruanos en Tacna alrededor de la línea de concordia, con fecha 03 de abril del 2007, dio cuenta de la amenaza de las minas antipersonal “advertimos del peligro que representan las bombas antipersonal, que se encuentran en la frontera, con el invierno altiplanico se ha podido comprobar que hay minas que se desplazan y que están en otros lugares en que todavía no se han efectuado el retiro de estas, entonces, es altamente riesgoso que alguien cruce por este sector del territorio” (diario La Tercera, El Mercurio, La Segunda 03, de abril 2007) Estas declaraciones representa un progreso muy significativo para las organizaciones de los Pueblos indígenas abocados en la promoción y protección de los derechos humanos, considerando que por primera vez una autoridad del mas alto nivel del Estado de Chile reconoce que parte importante del territorio nacional que determinan las fronteras entre Chile, Perú y Bolivia están minados y los artefactos explosivos se encuentran diseminados en el ancestral territorio de los Pueblos Indígenas Aymara, Quechua y Atacameños-Lickantay.
A pesar que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no cubre la situación de los Pueblos Indígenas que sus territorios tradicionales se encuentran Minados, nos proponemos incluir esta grave situación en el Proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos OEA.
Con motivo al Día Internacional de la Conciencia de las Minas y Acción contra las Minas, 04 de abril 2007, el Secretario General de Naciones Unidas Ban-Kimoon manifestó “hago un llamado a erradicar las Minas, porque millones de personas de unos 80 países viven en riesgo de morir o resultar heridos por las minas antipersonales y otros explosivos y pido a todos los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones bajo estos tratados, así como a brindar asistencia a los países afectados y a las víctimas de estos explosivos"
Las organizaciones de los Pueblos Indígenas de Chile, teniendo en cuenta que esta situación de las minas antipersonal constituye una preocupación internacional y que la permanencia de los artefactos explosivos en los territorios de las comunidades Indígenas, implica un esfuerzos de todos los actores tanto del Estado Chileno, la comunidad internacional, los organismos especializados y los Pueblos Indígenas, nos proponemos abrir un dialogo con cobertura nacional e internacional para tomar conocimiento de los avances y dificultades que representan el proceso de desminados y a raíz de un intercambios de información permanente entre las comunidades indígenas afectadas elaborar y presentar recomendaciones a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.
Las organizaciones de los Pueblos Indígenas, nos proponemos iniciar un dialogo entre las comunidades afectadas y relevar nuestra situación que ha sido silenciada por los acontecimientos políticos de conflictos que han caracterizados esta parte de los territorios de Chile, Perú y Bolivia y que han determinado la situación geográfica en el cono sur.
Las organizaciones indígenas alrededor del seminario, esperamos promover e iniciar un dialogo constructivos desde los afectados por las minas antipersonal con todos los actores del país, entre ellos Parlamentarios, académicos, el Ejercito, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del interior, los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, las Naciones Unidas, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Unión Europea, dirigentes juveniles, vecinales, organismos no gubernamentales de derechos humanos.
HORTENCIA HIDALGO CACERES
Consejo Autónomo Aymara
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA
Enc. Relaciones Internacionales Consejo de Todas las Tierras.
PROGRAMA
SEMINARIOS SOBRE MINAS ANTIPERSONAL EN LOS TERRITORIOS AYMARAS, QUECHUAS Y ATACAMEÑOS-LICKANTAY DE CHILE.
Fecha :Viernes 15 de junio de 2007
Lugar :Hotel Costa Pacifico. Calle Lynch 750, Arica I región, Chile
10:00 10:10 Bienvenidas e inauguración
10:10 10:40 Las Minas Antipersonal en los Territorios Aymara, Quechua Atacameños-Lickantay
Ángel Bolaños y Hortencia Hidalgo.
10:40 11:10 Las Minas Antipersonal en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Derecho Humanitario
Aucan Huilcaman Paillama
11:10 11:40 La Convención de Ottawa y su procedimiento de aplicación
Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. (Por confirmar)
11:40 11:50 Café
11:50 12:20 Las Minas Antipersonal, los derechos Humanos y la
Convivencia pacifica en la frontera.
Manuel Jacke, Decano Escuela de Derecho Universidad Bolivariana
12:30 13:00 Las Minas Antipersonal y las relaciones
internacionales de los Pueblos.
Marco Henríquez Ominami Diputado de la Republica de Chile
13:00 14:30 Almuerzo
14:30 15:15 Dialogo entre representantes de los Pueblos Indígenas de las Fronteras de Perú y Bolivia (nombres por confirmar) Chile Tita Espindola (Consejo Atacameños Lickantay) y Eduardo Choque (Quechua)
15:15 15:45 Participación Isabel Ortega Senadora y Presidenta del Parlamento Indígena de América PIA y Wilber Flores Torres Diputado Nacional de Bolivia, Presidente del Parlamento Indígena Originario.
15:45 16:00 Plan de Acción: Silvia Blanco Aymara
16:00 16:30 Adopción Declaración final y plan de Acción
16:30 Visita a comunidades Indígenas afectas por las Minas Antipersonal
Mayores informaciones:
Marco Henríquez Ominami Diputado de la Republica de Chile
13:00 14:30 Almuerzo
14:30 15:15 Dialogo entre representantes de los Pueblos Indígenas de las Fronteras de Perú y Bolivia (nombres por confirmar) Chile Tita Espindola (Consejo Atacameños Lickantay) y Eduardo Choque (Quechua)
15:15 15:45 Participación Isabel Ortega Senadora y Presidenta del Parlamento Indígena de América PIA y Wilber Flores Torres Diputado Nacional de Bolivia, Presidente del Parlamento Indígena Originario.
15:45 16:00 Plan de Acción: Silvia Blanco Aymara
16:00 16:30 Adopción Declaración final y plan de Acción
16:30 Visita a comunidades Indígenas afectas por las Minas Antipersonal
Mayores informaciones:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
